En el número de marzo de la Revista Agricultura, Jorge Jaramillo en calidad de periodista agroalimentario, escribe un artículo sobre la postura en la que Bruselas avanza lentamente en la futura reglamentación desde 2010 y donde trata de definir un posible catálogo de insumos relacionados con la nutrición vegetal en el que quepan los bioestimulantes agrícolas a base de algas, los sustratos de cultivo, las enmiendas y los fertilizantes. Este artículo cuenta con la participación de Victoria Cadahía Bielza, Directora Técnica de AEFA. A continuación reproducimos el artículo escrito como hemos adelantado por Jorge Jaramillo y publicado por la Revista Agricultura.
El obligado aprovechamiento de residuos, desechos y otros restos químicos para minimizar contaminaciones de suelos, acuíferos o ríos marcará sin duda la evolución y el desarrollo de los futuros abonos. La economía circular se impone, y, en este sentido, la pugna entre lo químico y lo orgánico propiciará una transición hacia materias y sustancias más sostenibles para frenar el cambio climático.
Bruselas avanza lentamente en la futura reglamentación desde 2010. Trata de definir un posible catálogo de insumos relacionados con la nutrición vegetal donde quepan los bioestimulantes a base de algas, los sustratos de cultivo, las enmiendas y los fertilizantes. Pero, ¿cómo mantener o incrementar la productividad de las plantas y dar respuesta a un consumidor más preocupado por la alimentación y la salud? La industria busca fórmulas para reducir la presencia de metales pesados sin restar efectividad. El campo dice que necesita “abonos de calidad a precios competitivos”. No en vano, los fertilizantes minerales representan el 30% de los costes variables de sus producciones.
Hace prácticamente dos años, el 17 de marzo de 2016, la Comisión Europea presentó al Parlamento y al Consejo su propuesta de reglamento para ordenar la comercialización de los productos fertilizantes con marcado “CE”. Las negociaciones, sin embargo, venían de atrás, porque fue en 2010 cuando encargó un estudio para evaluar el funcionamiento del marco normativo anterior sobre los abonos, condensado en el Reglamento 2003/2003.
“Realmente había ordenado eficazmente el mercado, aunque había una parte importante que quedaba fuera, como los fertilizantes orgánicos y enmiendas” explica Fernando Miranda, director de Producción y Mercados del Ministerio del Mapama. Asimismo, “las modificaciones para adaptarse al progreso técnico eran lentas, lo que dificultaba la innovación. La falta de un reconocimiento mutuo para las categorías de fertilizantes orgánicos y otros previstos en legislaciones nacionales hacía necesaria la reforma”, añade. Dicho estudio recomendó unificar, simplificar y armonizar la normativa en un documento para una mayor seguridad humana y una protección medioambiental.
Había que hacerlo conforme a un “nuevo enfoque legislativo” (NFL) aprovechando el diseño de la estrategia de economía circular y cambiando un modelo lineal basado en “tomar, fabricar, consumir y desechar” para evolucionar hacia otro que mantuviera a lo largo de toda la cadena el valor de los materiales y la energía empleados en la elaboración de productos mediante una duración óptima, a la vez que se minimizan los residuos y el uso de los recursos. “La propuesta -por tanto- contempló los fertilizantes minerales, orgánicos, y orgánico-minerales, enmiendas calizas y orgánicas, sustratos de cultivo, bioestimulantes, incluyendo microorganismos, y aditivos agronómicos como los agentes quelantes, complementos e inhibidores”, explica Miranda, quien advierte igualmente que “para dicha ampliación del ámbito, es necesario modificar la definición de fitosanitarios del Reglamento 1107/2009, así como el establecimiento del punto final de los subproductos animales no destinados a consumo humano, para que puedan entrar a formar parte de un producto fertilizante”.
Asunto complejo
El asunto es bien complejo. Tanto es así que a finales de 2017 el Parlamento Europeo alcanzó una postura común en primera lectura, y el Consejo un acuerdo que le permite iniciar las negociaciones a tres bandas para alcanzar lo antes posible (lo deseable hubiera sido para este 2018) una posición definitiva para la aprobación del nuevo reglamento.
En la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA) dudan ya incluso de que se pueda aprobar en 2020, puesto que “es un reglamento muy ambicioso, pero muy técnico que quiere recoger todo sobre todo”, dice Victoria Cadahía Bielza, directora técnica de AEFA, quien advierte además de que “hay una discusión técnico política que está en los trílogos entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de donde están emanando opiniones, enmiendas…”
Para esta asociación, la gran novedad vendrá de la mano de los bioestimulantes (PB). Pero, ¿qué son exactamente? Según el segundo estudio del grupo de trabajo europeo de fertilizantes (FWG) iniciado en 2012 “es cualquier sustancia o microorganismo, en la forma en la que es suministrado al usuario, aplicado a las plantas, semillas o al entorno de las raíces, con la intención de estimular los procesos biológicos que benefician la nutrición de las plantas, independientemente de su contenido en nutrientes, y dando como resultado un aumento de la tolerancia al estrés abiótico, incremento del rendimiento del cultivo y/o una mejora en la calidad del cultivo, o cualquier combinación de tales sustancias y/o microorganismos”.
En este sentido, Cadahía Bielza recuerda que “los bioestimulantes no suplen a los nutrientes, sino que dan otra categoría de valor a los cultivos que tiene más que ver con la sustitución de fitosanitarios; de hecho, muchos, cuando se ponen en el mercado, tienen incorporados nutrientes”. Reconoce, eso sí, que la industria “se tendrá que poner las pilas”, aunque no prevé ninguna guerra entre lo orgánico y lo convencional porque son sectores distintos y porque el reglamento ya habla de seguridad medioambiental. “En los considerandos, los apartados sobre seguridad son muy exhaustivos, ya que el principio básico es poner productos seguros en el mercado por encima de cualquier otro parámetro; todas las materias tendrán que registrarse en el registro europeo de sustancias químicas y mezclas REACH”. La representante de los fabricantes explica que habrá entidades de control de certificación que se tendrán que acreditar en cada estado miembro, que serán privadas, aunque puedan convivir con las nacionales, y que serán acreditadas en nuestro caso por ENAC para evaluar el dosier de los productos. Además, añade Cadahía Bielza que “es aquí donde los fabricantes socios de AEFA consideran que tendrá altos costes en relación a los riesgos intrínsecos de la gran mayoría de PB; costes e inversiones muy fuertes para las Pymes”.
Microalgas como bioestimulante
Alga Energy es una empresa de base biotecnológica dedicada exclusivamente a la producción y valorización de microalgas. Lleva 10 años invirtiendo en investigación para posicionarse en este momento como “la principal referencia europea en este campo de la ciencia, participando además en proyectos internacionales de I+D relacionados con microalgas con más de 120 consorcios”, según el director general, Carlos Rodríguez-Villa. También colabora con universidades. No en vano, Alga Energy es el vehículo que consolida más de 4 décadas de investigación y de experiencia en este ámbito, “lo que nos ha permitido desarrollar una tecnología propia -denominada UPT, y plantas de cultivo de última generación en Madrid y Cádiz”.
Rodríguez-Villa asegura que “para la producción de 5 litros de nuestro bioestimulante se consumen hasta dos kg de CO2 que de otra forma se emitirían a la atmósfera”. Asimismo, incide en las múltiples aplicaciones que las microalgas tienen, como la gama que “proporciona una serie de beneficios considerables a base de la combinación de microalgas propias que logran mayores rendimientos, mejores rasgos cualitativos -como la coloración, la homogeneización, o el calibre de los frutos-, así como un aumento de la resistencia de los cultivos a situaciones de estrés abiótico y la recuperación de tejidos dañados”.
Sobre el futuro reglamento dice que “la armonización es sin duda importante para cualquier empresa del sector, pero principalmente para las pymes, cuyos recursos, más limitados, no pueden centrarse en resolver asuntos de índole burocrática, sino en generar innovación de impacto que contribuya al progreso”.
En este contexto, y en el campo de los bioestimulantes agrícolas, AlgaEnergy forma parte del European Biostimulants Industry Council (EBIC), el organismo que reúne a los principales actores de la industria de los bioestimulantes en Europa y que precisamente busca estandarizar, promover el uso y poner en valor el papel de los bioestimulantes, claves para el desarrollo de una agricultura más sostenible, muy en línea con los requerimientos actuales y futuros de la UE.
“Se ha trabajado mucho desde el EBIC y se ha avanzado correctamente en la elaboración del reglamento para que, además de minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los productos, no perjudique la capacidad de internacionalización de las empresas que los fabrican, lo que es particularmente importante en Europa, el principal mercado del mundo, con más de un 40% de cuota de mercado”.
Por tanto, “en Alga Energy estamos convencidos de que no hay tiempo que perder y no debemos esperar a que se impongan modelos, sino que es responsabilidad de las empresas el buscarlos, desarrollarlos y ponerlos en práctica. En nuestro caso, valorizamos las microalgas y su biomasa, recirculando inputs y minimizando residuos. Somos la primera única empresa del mundo que utiliza el CO2 de las chimeneas de otras industrias como el principal nutriente para cultivarlas, de tal manera que hemos contribuido a eliminar CO2 que hubiera sido emitido a la atmósfera”.
La firma biotecnológica FicosTerra también fabrica biofertilizantes con algas. En este caso, ha desarrollado la tecnología BCB (Biological Crop Booster) que permite incrementar la actividad microbiana del suelo que transforma los nutrientes en alimento asimilable por las raíces, resultando en una mejora sanitaria de la planta (resistencia a patógenos) y en un aumento de la producción. Su director general, Luis Lombana, cree que en el nuevo reglamento “es muy importante que queden bien definidos parámetros como la calidad (para asegurar contenidos mínimos de nutrientes, materia orgánica, etc., la seguridad, con atención a niveles de metales pesados: niveles de cadmio en fertilizantes con fosfato según la propuesta de 60mg/kg; presencia de patógenos biológicos (salmionella, e-colis) o impurezas en caso de enmiendas orgánicas (plásticos, por ejemplo); o el etiquetado, de forma que se refleje conforme a la normativa y los requerimientos del mercado”.
Debate en el Congreso
El pasado 21 de febrero, una pregunta parlamentaria del diputado Antonio Gómez Reina de En Marea-Podemos, desató el debate en el Congreso. En el contexto de revisión de la normativa sobre fertilizantes la ministra Isabel García Tejerina dijo que la postura española, “al igual que en todas las normas que puedan tener efecto sobre la salud de las personas y el medioambiente, está basada en el conocimiento científico y avalada por informes de organismos de reconocido prestigio”. La discusión giró en torno a los umbrales y la petición de reducir el cadmio en la composición, a lo que Tejerina respondió que “va contra los bolsillos de los agricultores y contra el medio rural”. En este sentido, se mostró en contra de los que “buscan fomentar el monopolio del fósforo a nivel mundial”, porque encarecería un nutriente básico para los cultivos y perjudicaría a la agricultura. Un argumento que también defiende la industria española, que según otras fuentes tendría intereses en el fosfato de procedencia marroquí, frente a la rusa.
“España mantiene desde 2009 la misma posición sobre dichos umbrales, cuando todavía no estábamos ni en el Gobierno -dijo la ministra-; una postura compartida con Francia, Italia, Reino Unido o Irlanda, además de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo o el mismo órgano que representa a los agricultores en la UE, como es el COPA-COGECA”.
El diputado insistió en que la Comisión Europea dice que el cadmio es altamente tóxico y los fertilizantes de fosfato son el principal portador de este metal pesado, a lo que la ministra replicó diciendo que “no hay riesgo ni para la salud de las personas ni para el medioambiente, como certifican la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INÍA), y la Comisión Europea.
Las OPA piden calidad y precio
El 9 de marzo las principales organizaciones agrarias y las cooperativas emitieron en este sentido un comunicado conjunto para exigir “fertilizantes de calidad a precios competitivos”. En dicho comunicado, firmado por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, recuerdan que “la UE no dispone de suficientes capacidades de producción para satisfacer la demanda de abonos minerales de los agricultores europeos, por lo que deben importarse de otros países, como Marruecos o Rusia”. Y en ese sentido, reclaman poder mantener y diversificar las fuentes de aprovisionamiento, recordando en todo caso compartir la posición del COPA-COGECA de septiembre de 2016. Hay que recordar en este sentido que el mercado, según las organizaciones firmantes de esta nota, “no está liberalizado”, por lo que se aplica un arancel que representa un 6,5% sobre el precio del fertilizante importado. Piden la eliminación de estas tasas antes de 2019.
En el documento del COPA-COGECA, el sector agrario español solicitó una “armonización a nivel europeo del contenido máximo de cadmio en 60 mg/kg P2O5, con un período transitorio de 15 años, para que se puedan desarrollar procesos de eliminación rentables para la industria, así como procesos de reciclado del fósforo procedentes de las materias orgánicas”. Por eso defienden también un “etiquetado claro y exhaustivo”, debiendo incluir la información sobre los nutrientes disponibles y sus solubilidades.
Desde el Mapama, García Tejerina ha pedido “responsabilidad al tratar este asunto” para no hacer daño al sector con “frivolidades y creando alarma social con temas que pueden perjudicar a los agricultores españoles, y, en definitiva, a todos los consumidores”. No en vano, el uso de abonos es un requisito fundamental para la producción de materias primas de calidad; representan el 30% de los costes variables de cualquier sector puede elevarse al 40% en los cereales o al 45% para la producción de oleaginosas.
Más allá de este aspecto, la redacción del futuro reglamento también preocupa en otros ámbitos, ya que los agricultores no solo son usuarios de abonos minerales y orgánicos, sino también productores de abonos como paja, estiércol y los digeridos por instalaciones de biogás. En el COPA-COGECA están preocupados en este sentido por los posibles efectos del reglamento en el mercado de los abo los minerales, “puesto que son insumos esenciales para la gestión de nutrientes a nivel de explotación agrícola”.
En Ficos Terra, y en esta misma línea, Luis Lombana prevé un incremento importante en la aplicación de “materia orgánica de calidad” al campo de la mano también de la microbiología. Y destaca el calificativo, “pues la aplicación de lodos o purines sin tratamiento generan en muchas ocasiones más problemas (lixiviados, exceso de nitrógeno) que soluciones”. Por ello dice que “será necesario que los fabricantes demuestren que sus productos cumplen con los valores de nutrientes y contaminantes marcados por la normativa CE”.
En resumen, todos coinciden en que los principios de la economía circular desplazarán cada vez más al uso de fertilizantes de origen mineral. De alguna forma, lo que pretende Bruselas con esta nueva reglamentación es anticiparse.